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Procesaron con prisión preventiva a Esteban Lindor Alvarado y otras dos personas por el intento de fuga en helicóptero de la cárcel federal de Ezeiza

Así lo dispuso el juez federal Ernesto Kreplak, en línea con el pedido de la fiscal Cecilia Incardona y del fiscal Diego Iglesias. Alvarado tenía planeado fugarse en un helicóptero el 10 de marzo pasado. Está detenido en el penal de Ezeiza, donde cumple diferentes condenas como jefe de una asociación ilícita, por organizar el transporte de casi 500 kilos de marihuana y por un homicidio, entre otros crímenes.

En línea con el pedido de la titular de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y del fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, el juez federal subrogante de esa jurisdicción, Ernesto Kreplak, procesó con prisión preventiva a Esteban Lindor Alvarado y a otros dos hombres por el intento de fuga en helicóptero del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza ocurrido el pasado 10 de marzo. Además, el juez trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 50 millones de pesos cada uno.

Si bien la fiscalía había solicitado que se procesara a Alvarado como jefe de la asociación ilícita, el juez entendió que ello violaría la garantía de “non bis in idem” (prohibición de doble juzgamiento). A su entender, y tal como se probó en otras investigaciones que culminaron en condena, Alvarado encabeza la asociación ilícita desde 2012 e “incluso en estado de detención ha podido planificar, en los términos expuestos y con la colaboración de los nombrados la maniobra evasiva investigada y coordinó el resto de las acciones que devenían indispensables para la consecución de ese objetivo primario”.

En virtud de ello, el juez dispuso el procesamiento de Alvarado como coautor de contrabando de importación agravado -por el helicóptero- por la cantidad de intervinientes, el medio de transporte aéreo y el lugar de aterrizaje empleado y por el valor del bien ingresado; favorecimiento de evasión en grado de tentativa; y falsificación y supresión de la numeración de un objeto registrado de acuerdo a la ley.

Además, el juez procesó a los otros dos hombres como miembros de una asociación ilícita y coautores de los mismos delitos imputados a Alvarado, al tiempo que a uno de ellos también se lo procesó como autor de tenencia ilegal de arma de guerra.

Planificación y fuga frustrada

Alvarado está detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario lo condenara por mayoría a la pena de 15 años de prisión como organizador del transporte de 493,937 kilogramos de marihuana a la provincia de Río Negro en 2017. A ello se sumó la condena a prisión perpetua impuesta por el fuero provincial santafesino como partícipe primario de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, autor de encubrimiento, instigador de cuatro amenazas coactivas calificadas por la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, jefe de una asociación ilícita y coautor de cinco hechos de lavado de activos agravados por ser miembro de una banda.

En el pedido de procesamiento, la fiscalía y la PROCUNAR destacaron que “la capacidad logística, financiera y operativa de Esteban Alvarado no se extinguió tras su encarcelamiento, sino que por el contrario continúa vigente”.

Alvarado y a su pareja también están acusados e irán a juicio por lavado de activos de origen delictivo realizado como miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.

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Las múltiples investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe con colaboración del Ministerio Público Fiscal de la Nación evidenciaron que -pese a estar detenido- el hombre estaba comunicado con personas en el exterior, quienes ejecutaban bajo sus órdenes distintas maniobras de narcotráfico y delitos conexos.

El 2 de marzo pasado, el MPF fue alertado respecto a la existencia de un plan diseñado por Alvarado y personas de su entorno para extraerlo de la unidad carcelaria, donde se encuentra recluido. Supuestamente, al día siguiente un helicóptero partiría de un aeródromo rural cercano a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, sobrevolaría el penal y liberaría a Alvarado y a otra persona. Así, se encomendó a personal de la División Operaciones Federales de la Policía Federal una serie de tareas de campo e intervenciones telefónicas ordenadas por el juez, que permitieron identificar a parte de los involucrados.

De las conversaciones interceptadas entre el piloto -apodado “Lobo”- y Alvarado se desprende que la aeronave -un helicóptero Robinson R44 Raven, con matrícula falsa, que fuera comprado en España e introducido en nuestro país a través de un paso no habilitado cerca de la zona de Campo 9, en la República del Paraguay- saldría de Gualeguaychú, descendería en el patio del penal, efectuaría la extracción y los depositaría en un campo de General Rodríguez, donde otros miembros de la organización recibirían a Alvarado y asegurarían su ocultamiento.

El plan se vio frustrado por una serie de procedimientos judiciales dispuestos en varias cárceles federales del país, lo que forzó a Alvarado a suspender la misión pocas horas antes de su inicio y posponerla para la semana siguiente.

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El pasado 10 de marzo, a instancias de la fiscal Incardona y del fiscal Iglesias, el juez Kreplak ordenó una serie de medidas y allanamientos simultáneos en domicilios de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, y en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, que frustraron nuevamente el plan de escape.

Si bien el helicóptero despegó de Gualeguaychú, debió aterrizar en un predio cercano al Country Club Banco de la Provincia de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, por averías en su motor, lo que permitió su secuestro, junto a otros elementos de interés para la investigación. También ese día se detuvo a dos colaboradores de Alvarado y se secuestraron los vehículos en los que se transportaban dinero en efectivo y una pistola 9 mm, que fue hallada en el aeródromo desde donde despegó el helicóptero y la cual fuera denunciada como extraviada por un oficial de la policía entrerriana en 2015. Por otra parte, en los procedimientos desarrollados en el penal de Ezeiza se incautó un teléfono celular y un reloj inteligente, que estaba oculto en una media enterrada en el patio del complejo.

La investigación determinó que el helicóptero Robinson R44 Raven fue comprado en España e introducido al país a través de un paso no habilitado cerca de la zona de Campo 9, en la República del Paraguay.

Oportunamente, a instancias del Ministerio Público Fiscal, el juez Kreplak indagó a Alvarado y a sus dos colaboradores por conformar una asociación ilícita. Además. Les imputó la adquisición, administración y disposición del helicóptero, y la falsificación y alteración de la numeración de un objeto registrado de acuerdo con la ley, en tanto se encargaron de asentar en la parte exterior de la aeronave una matrícula correspondiente a otra.

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Uno de los imputados se negó a declarar, Alvarado negó su participación en la asociación ilícita, mientras que el restante implicado brindó su descargo, pero no logró convencer a la fiscalía ni al juez.

Pedido de procesamientos

A su turno, la fiscal Incardona y el fiscal Iglesias, le solicitaron al juez Kreplak el procesamiento de Alvarado y los otros dos hombres. En tal sentido, destacaron que “la capacidad logística, financiera y operativa de Esteban Alvarado no se extinguió tras su encarcelamiento, sino que por el contrario continúa vigente”.

Además, hicieron hincapié en que “tras frustrarse el plan pergeñado para el viernes 3 de marzo, y lejos de desistir de su decisión, Alvarado decidió postergarlo para concretarlo una semana después, el día 10”. Agregaron que “esa determinación guarda absoluta coherencia con el diagrama establecido para llevar adelante la fuga, pues evidentemente no podía concretarse en cualquier momento, sino que era indispensable hacerlo en el preciso instante en que el recluso y el resto de sus compañeros de pabellón se encontrasen en el campo de deportes correspondiente a la Unidad Residencial III de la cárcel federal de Ezeiza”.

En virtud de las pruebas recabadas, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron el procesamiento con prisión preventiva de Alvarado y los otros dos hombres, y el embargo de sus bienes. Entendieron que la adopción de “medidas de coerción de menor intensidad contempladas en el art. 210 del C.P.P.F. [Código Procesal Penal Federal] no serían suficientes para garantizar su sometimiento a la jurisdicción y neutralizar el peligro de que entorpezcan la pesquisa”.

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