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Lola y Victoria: embargan los bienes de los miembros de la organización que explotaba mujeres en los prostíbulos y los llaman a indagatoria por lavado de activos

La pesquisa patrimonial realizada por el MPF permitió individualizar maniobras compatibles con la ocultación del origen de los fondos obtenidos por la explotación de la prostitución ajena, tanto por quienes fueron condenados por esos hechos en 2021 como por personas de su entorno. El juez Casanello indagará a doce personas imputadas.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, Sebastián Casanello, llamó a prestar declaración indagatoria a doce personas imputadas del delito de lavado de activos proveniente de la explotación sexual de mujeres entre 2012 y 2019 en los prostíbulos Lola y Victoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las declaraciones indagatorias para los varones y mujeres acusadas se llevarán a cabo entre el 18 y el 24 de octubre próximos, y son la consecuencia de la investigación patrimonial llevada a cabo por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de Franco Picardi, como correlato de la investigación que terminó en la condena de ocho de aquellas personas por el delito de explotación de la prostitución ajena.

En efecto, el fiscal Picardi elevó en julio de 2019 a juicio oral y público a los integrantes de la organización que explotaba los locales Lola y Victoria. Todos ellos y ellas reconocieron su responsabilidad en el marco de un juicio abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 porteño, que los y las condenó en junio del año pasado por el delito de explotación de la prostitución ajena de un gran número de mujeres -la fiscalía había logrado identificar a 74 víctimas- entre 2012 y el 16 de marzo 2019, cuando se produjeron los procedimientos que desbarataron la organización.

A la par de la investigación penal por los delitos cometidos contra aquellas víctimas, la Fiscalía Federal N°5 emprendió una pesquisa patrimonial para detectar los frutos del delito, con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Ello le permitió identificar que, además de los y las condenadas en 2021, había por lo menos otras cinco personas relacionadas a aquellas que habían intervenido en maniobras compatibles con conductas destinadas a dar apariencia lícita al dinero proveniente del delito.

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La fiscalía detectó de esa forma indicadores de lavado de dinero, como la vinculación, directa o indirecta, de los imputados con la organización que llevó adelante los delitos; la incompatibilidad de los perfiles patrimoniales de los imputados con diferentes inversiones; la utilización de prestanombres y de sociedades pantalla; el manejo inusual de dinero en efectivo; y la ausencia de justificación de acreditaciones bancarias.

Al momento de formular las imputaciones en julio de este año, el fiscal Picardi requirió el embargo de inmuebles y bienes muebles registrables vinculados a las personas condenadas y a otras cinco de su círculo familiar y comercial.

El juez Casanello hizo lugar a esas medidas el 22 de septiembre pasado. En la misma resolución por la que ordenó el llamado a indagatoria de doce de las trece personas imputadas, ordenó la inhibición general de sus bienes y dispuso el embargo de veintidós inmuebles que se encuentran a nombre de nueve imputados; de diez automóviles de propiedad de seis de ellos, entre los que se encuentran modelos de alta gama como Audi A3, Mercedes Benz CLA 200 y Volkswagen Scirocco; y el congelamiento por noventa días de los fondos obrantes en tres cuentas del banco Santander Río y en una del Banco de Galicia, cuya titularidad es de tres de las personas imputadas.

El delito y las víctimas de trata

Según fue constatado en la causa en la que recayó sentencia condenatoria, los responsables de los prostíbulos Lola y Victoria retenían el 50 por ciento del precio establecido a cada cliente, según la “copa” o el sometimiento sexual. Las víctimas debían recibir el total del dinero y entregar ese porcentaje a los encargados designados en un sobre.

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Las mujeres eran controladas mediante planillas donde se detallaba su nombre, horarios de entrada y salida, número de habitación del albergue transitorio y precio. Las puertas de entrada y salida de los locales nocturnos eran continuamente monitoreadas por personal de seguridad y cámaras.

En el pedido de indagatorias por lavado, el fiscal Picardi recordó la vulnerabilidad de las víctimas. Remarcó que la mayor parte de las mujeres identificadas en Lola -que funcionaba en Juan B. Alberdi y José Martí- y Victoria -en Varela 64- eran migrantes, extranjeras o de otras zonas del país, de bajos recursos, madres y en algunos casos único sostén de familia.

“De acuerdo con lo reconstruido en dicho proceso, la actividad delictiva generó ganancias millonarias para la organización criminal investigada. Ellas no sólo provinieron de la explotación sexual referida, sino también de todo el resto de los servicios ofrecidos en estos lugares, los cuales se encontraban indisolublemente relacionados con el accionar criminal que allí se desarrollaba. Estos fondos de origen espurio habrían sido, a su vez, canalizados hacia distintos bienes, a través de maniobras para darles apariencia de licitud”, sostuvo el fiscal.

“Se ha advertido que, en algunos casos, los imputados adquirieron bienes a título personal, confundiéndolos con su patrimonio y generando una contaminación del resto de los que hasta entonces lo componían; y, en otros, lo hicieron a través de la utilización de sociedades u otras figuras jurídicas y/o la intervención de familiares o allegados, con la finalidad de evitar ser identificados como sus titulares directos y alejarse aún más de su origen delictivo”, señaló.

Por ejemplo, en el marco de la investigación patrimonial, la fiscalía detectó que Marcelo Uscheroff resultó ser apoderado de diez personas, a quienes consideró sus “testaferros”.

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De tal forma, la fiscalía concluyó -y el juez coincidió en el llamado a indagatoria- que esas maniobras de “puesta en escena” permitieron “dar un ropaje de legalidad a la actividad ilegal de explotación económica sexual que allí se realizaba y, principalmente, a los ingresos que ella generaba”.

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