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La Justicia recuperó dinero de un narco argentino depositado en un paraíso fiscal

La Justicia de nuestro país, logró por primera vez recuperar de una cuenta abierta en un paraíso fiscal el dinero originado en la venta de drogas. Así se consiguió US$900.000 que un narco argentino

Por primera vez la Justicia, tras cuatro años de burocracia decomisó dinero depositado en un paraíso fiscal, se trata de dinero narco del abogado Carlos Salvatore quien falleció a principios de 2018 en el Hospital Argerich. quien tras una ingeniería financiera sofisticada,  lo tenía en el sector financiero de la Isla de Man, territorio de la corona británica en el mar de Irlanda.

Salvatore, quien junto al exrepresentante de jugadores de fútbol Patricio Gorosito, también fallecido, lideró una organización que enviaba cargamentos de cocaína desde los puertos de Rosario y Buenos Aires a Europa, decidió dar refugio a parte de sus bienes en uno de los paraísos financieros que utilizan los millonarios de Portugal, el país donde iba la droga que traficaba.

En septiembre de 2020, el Estado argentino anunció el remate de una mansión de Belgrano R de dos pisos, terraza, pileta y jardín, valuada en US$2.300.000, que le fue decomisada a Salvatore, condenado como jefe de un cartel del narcotráfico en una causa por drogas que se conoció como Carbón Blanco.

Salvatore le cedió el 8 de marzo de 2018 la cuenta que tenía en la Isla de Man con 908.642 dólares a su amigo nadador Sergio Salomone. Este hombre, que le prestó el nombre para burlar a la Justicia, registró cinco días después a su esposa y sus hijos como beneficiarios. El 28 de marzo empezó el debate, pero el traficante murió el 9 de mayo de 2018 y el testaferro se quedó con esa cuenta millonaria.

A la muerte de Salvatore, el tribunal que llevaba adelante el juicio contra la familia por lavado narco dispuso, aunque Salomone no formara parte del proceso, el embargo preventivo del saldo del producto financiero que originalmente había sido del empresario fallecido y la viuda Silvana Susana Vallés.

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Salomone y su pareja Analía Viviana Tejero «no tenían, a ese momento, actividad económica declarada ante la AFIP ni declaraban ante la Anses el desarrollo de alguna actividad lícita».

Alertado vía exhorto por el Gobierno argentino, las autoridades de la Isla de Man lo inmovilizaron preventivamente en febrero de 2019 hasta que se definiera la situación procesal de los involucrados. Y eso sucedió un mes después cuando el tribunal condenó a los herederos del narcotraficante por ayudarlo a lavar la plata: a la viuda la sentenció a 7 años de prisión y ordenó el decomiso de 81 inmuebles, 25 autos y 115 cuentas bancarias, entre estas la del paraíso fiscal. Y sobre su hija Carla Yanina Salvatore, que había sido absuelta, los camaristas ordenaron volver a realizar el juicio, con fecha incierta.

Tras la sentencia, el fiscal federal Federico Carniel, que llevó adelante la acusación en el juicio, le solicitó al territorio autónomo dependiente de la Corona británica el decomiso definitivo de la cuenta y el millón: «Solicitamos se ordene el decomiso definitivo de los fondos existentes en la cuenta MCB 000XXXXXX registrada en Old Mutual International (antes Royal Skandia), ubicada en la Isla de Man por ser el producto de los delitos por los que se dictó sentencia de condena».

El dictamen fue acompañado por los cotitulares de la fiscalía antilavado (Procelac), Mario Villar y María Laura Roteta, y la directora general de Recuperación de Activos, Daniela Sodini, de la Procuración General de la Nación.

El próximo paso, mediante la solicitud de asistencia jurídica internacional librada el 14 de diciembre de 2020, fue requerir a las autoridades de Isla de Man la ejecución de la orden de decomiso y repatriación de USD 908.642,73 depositados en una cuenta registrada en Old Mutual International (anteriormente Royal Skandia Life Assurance Limited) por ser el producto ilícito del accionar de una organización criminal condenada en Argentina por lavado de activos provenientes del narcotráfico transnacional.

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Las autoridades diplomáticas argentinas iniciaron negociaciones de reparto de los fondos decomisados, a cuyo efecto la Procuraduría de Lavado de Activos (Procelac) proporcionó los argumentos para poder repatriar los fondos.

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