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“El horror dentro del horror”: el caso de los hermanos Ramírez en el “Hogar de Belén”

El Ministerio Público Fiscal centró su alegato en los crímenes perpetrados contra Carlos, María y Mariano Ramírez en esa institución. “Estos chicos perdieron toda su infancia en el Hogar de Belén. Lo imaginable y lo que no lo es también”, señaló. Continuará con la acusación el jueves 2 de marzo.

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata continuó este jueves con su alegato y profundizó en los maltratos y abusos sexuales sufridos por Carlos, María y Mariano Ramírez, de entonces 2, 4 y 5 años de edad, en el “Hogar de Belén” luego del homicidio de su madre, Vicenta Orrego en marzo de 1977.

El auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin definieron en su exposición a esos hechos como “el horror dentro del horror” y precisaron que los crímenes tuvieron como propósito “suprimir la identidad” de las víctimas y “borrar lo que traían en sus memorias”.

En el inicio del alegato la semana pasada, Nogueira y Oberlin se refirieron a los seis homicidios que precedieron a aquellos hechos. Explicaron que el 15 de marzo de 1977 un ataque coordinado del Ejército y la Policía bonaerense terminó con la vida de Orrego -que estaba junto a sus tres hijos-, de María Florencia Ruival y de José Luis Alvarenga en el domicilio de la calle Nother 5100, en Adrogué; y que al día siguiente en otro procedimiento de similares características fueron asesinados Juan Pedro Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee, en Ascasubi y Camino de Cintura, Llavallol.

Por esos hechos, la fiscalía acusó al exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart; al excomisario y jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk; y a los expolicías bonaerenses que revistaban en la Brigada de Investigaciones de Lanús Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabro, José Augusto López -solo por el segundo procedimiento- y Rubén Carlos Chavez. El Ministerio Público Fiscal todavía no avanzó en torno a la acusación de Susana Pellicer, la ex secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora que había dispuesto la guarda de los hermanos Ramírez en el “Hogar de Belén”. La semana pasada también adelantó que en el petitorio del alegato -que se prevé para la semana próxima- requerirá una “declaración de verdad” en relación con los crímenes perpetrados contra la niña y los niños en aquella institución, dado que durante la tramitación de este largo proceso judicial fallecieron o fueron apartadas por incapacidad sobreviniente personas consideradas autoras directas de los abusos sexuales y de otros delitos. Por caso, la jueza entonces a cargo de ese tribunal, Marta Delia Pons, falleció antes de iniciado el proceso.

Una de las placas exhibidas por la fiscalía durante su alegato.

“Buscaron pulverizar la dignidad de esos niños”

“A partir del asesinato de su madre, Carlos, María y Mariano sufrieron hechos que tuvieron la finalidad de suprimir su identidad, en tanto hijos e hija de personas perseguidas y asesinadas por la represión ilegal en Argentina. Con ese propósito, fueron sometidos a condiciones de vida inhumanas, cualificado, en nuestro caso, por tratarse de dos niños y una niña”, sostuvieron Nogueira y Oberlin. “El lugar donde fueron llevados, el llamado Hogar Casa de Belén, fue un espacio donde el maltrato físico, psicológico y moral, y el abuso sexual, fueron las condiciones estratégicas que buscaron pulverizar la dignidad de esos niños”, añadieron. Remarcaron que “fue aplicado sobre ellos toda la dureza del poder disciplinador a través de diversas formas de maltratos y abusos sexuales”. Utilizaron la metáfora de “un infierno en vida” para describir los padecimientos de las víctimas: “Estos chicos perdieron toda su infancia en el Hogar de Belén. Lo imaginable y lo que no lo es también. Sin padre ni madre, sin explicaciones ni contención, sin consuelo ni esperanza, sin ningún tipo de derecho a vivir una vida de niños. Transformados en cuerpos que podían disponerse para el placer y satisfacción, para el castigo. Por el hecho de ser quienes eran”.

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La fiscalía señaló que María, Carlos y Alejandro Ramírez pasaron por una “experiencia concentracionaria en la infancia”, un proceso de casi siete años de duración. “Cada maltrato y abuso sexual contenía la finalidad de extinguir la identidad” de las víctimas, señaló el MPF.

En este contexto, agregó, “las víctimas no podían ser encontradas por su familia ni protegidas de las violencias sufridas día tras día de parte de los encargados del hogar”. El objetivo de ello fue “el traspaso violento de los menores desde el grupo en el que habían nacido hacia otro para evitar que estuvieran con sus familias verdaderas”, evaluó.

En un proceso que denominó “el horror dentro del horror”, la fiscalía remarcó que el Hogar de Belén “fue más allá”, pues “además de sustraerlos y ocultarlos para que no crecieran con su familia de origen, les aplicó el régimen concentracionario para borrarles lo que traían en sus memorias”.

“La historia de los hermanos Ramírez es la historia de una infancia sumida a la clandestinidad, huérfana, apropiada, maltratada y abusada. Una infancia herida de muerte, con una identidad a la deriva y en permanente crisis”, evaluó la fiscalía en su exposición.

El y la representante del MPF recordaron que los vecinos que habían recibido a los hermanos tras el ataque denunciaron su desamparo ante el tribunal de menores el 21 de marzo de 1977. De acuerdo con el expediente de guarda, intervinieron en la audiencia la jueza Pons y su secretaria Pellicer. El primer destino de los niños y la niña fue el hogar “Leopoldo S. Pereyra”, donde estuvieron por unos pocos días, hasta que una persona de la comisión directiva del Hogar de Belén solicitó que los derivaran a ese lugar.

De acuerdo con las constancias repasadas en el alegato, los niños llegaron a mediados de abril a esa institución. Ahora como entonces, el hogar funciona sobre la calle Pueyrredón N°1651 de Banfield. El lugar había abierto sus puertas unos días antes de la llegada de los Ramírez, el 19 de marzo de 1977, por impulso del cura Oscar Armando Delgado Carrizo, párroco de la Parroquia Sagrada Familia de Nazareth. Los encargados del establecimiento eran Manuel Maciel y su esposa Dominga Vera, quienes estuvieron imputados en este proceso hasta su desvinculación por incapacidad sobreviniente.

“Los niños eran golpeados, insultados, degradados y sometidos a prácticas inhumanas, tales como hacerlos comer con los perros y orinarlos en la cara”.

Tras desarrollar la teoría sobre el maltrato y el abuso sexual y formular precisiones conceptuales, Nogueira y Oberlin describieron diferentes situaciones en base a las declaraciones de las víctimas. “Los hermanos tenían prohibido hablar entre sí. Estaba terminantemente prohibido tener cualquier clase de interacción, y, sobre todo, no podían mirar a los ojos a los adultos. Debían permanecer en silencio durante todo el tiempo que se encontrasen fuera del hogar y mantener la mirada en dirección al suelo en todo momento”, relató la fiscalía en base al testimonio de las víctimas del caso y de otros chicos -hoy adultos- que pasaron por lo mismo. De acuerdo con las pruebas, estaban obligados a realizar la limpieza del lugar. “Los testimonios aluden a que pasaban hambre, los vestían con ropa sucia y andrajosa y los bañaban con agua fría. La única excepción en la que los vestían bien era cuando iban a la iglesia; es decir, cuando los exhibían en comunidad”, señaló la fiscalía.

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“Vos vas a ser una prostituta así que empezá a limpiar acá”, citaron los fiscales la declaración de María sobre la forma en la que recibía las órdenes.

“Ya sea que incumpliesen alguna de las severas y enajenantes pautas establecidas por los Maciel o, simplemente, por mera arbitrariedad, los niños eran golpeados, insultados, degradados y sometidos a prácticas inhumanas, tales como hacerlos comer con los perros u orinarlos en la cara, tal como revelaron los testimonios de los hermanos”, explicó el MPF.

Respecto de los abusos sexuales, la fiscalía leyó los crudos relatos de las víctimas y los detalles que brindaron de cada hecho, precedido y sucedido de amenazas de no hablar al respecto. Precisaron que María narró que el primer abuso que recordaba ocurrió cuando tenía cinco o seis años de edad y que uno de los abusadores le daba dinero y le decía que “eso era para que fuera practicando como prostituta”. Agregaron  que la víctima puso en conocimiento de todos estos hechos al párroco Delgado Carrizo y que este le contestó que se iba a ir “al infierno” y puso al tanto de ello a Manuel Maciel. “Las consecuencias de este pedido de ayuda fallido fueron terribles para María. Manuel Maciel la llevó al Hogar y la golpeó hasta que no pudo caminar. Le dijo que si volvía a contarle a alguien lo que pasaba iba a pegarle hasta matarla”, describió la fiscalía.

“Los testimonios aluden a que pasaban hambre, los vestían con ropa sucia y andrajosa y los bañaban con agua fría. La única excepción en la que los vestían bien era cuando iban a la iglesia; es decir, cuando los exhibían en comunidad”.

En base a la prueba, el MPF concluyó que “el maltrato y el abuso sexual fue una práctica sistemática en el Hogar de Belén y se extendió a otros niños y niñas que estaban alojados allí”.

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También consideró probada “la existencia de relaciones entre los integrantes del Hogar de Belén con miembros de las fuerzas armadas o de seguridad” y “la celebración de reuniones con militares y policías, en horas de la noche” en las que participaban quienes estaban a cargo del establecimiento y sus allegados. La fiscalía destacó la descripción que hicieron las víctimas sobre los uniformes de esas personas, como también que algunos de ellos los llevaron a visitar la escuela de cadetes de su fuerza e incluso, como describió María, a centros clandestinos de detención.

“La obligación de negar sus orígenes”

“Una de las primeras medidas impuestas por el matrimonio Maciel fue la expresa prohibición de hacer cualquier tipo de referencia a su familia o a su origen. Es así como Dominga Vera y Manuel Maciel los obligaban a llamarlos ‘mamá’ y ‘papá’, respectivamente, a la vez que los sometían a castigos si querían indagar sobre sus padres”, describieron el y la representante del MPF. Y puntualizaron al respecto:

  • “Le expresaban a los niños que los castigos físicos eran porque ‘eran hijos del diablo’, y que lo hacía para que ‘no salieran como sus padres'”.
  • “Le decían esto mismo en guaraní, su lengua materna, lo que revela un grado de maldad enorme, a la vez que evidencia un conocimiento claro y certero de la procedencia de estos chicos dado que, como vimos, sus padres eran de Paraguay”.
  • “Les decían que [sus padres] eran delincuentes; que los habían abandonado; que no los querían; que eran unos ‘hijos de puta terroristas’; que su madre era una prostituta que andaba con muchos hombres y por eso los había abandonado; que su padre era un criminal borracho que estaba en la cárcel”.
  • “Desde que ingresaron al Hogar, se les prohibió utilizar el apellido Ramírez, y los obligaron a adoptar el de sus captores que era Maciel”.
  • En 1978 el matrimonio escolarizó a los hermanos en el Instituto Sagrada Familia de Banfield bajo el apellido Maciel, luego de una certificación que extendió el Tribunal de Menores en el expediente de guarda. “Existen constancias de la nominación de los hermanos Ramírez bajo el apellido Maciel en planillas de asistencia, boletines de calificaciones y fichas de matrícula que datan del año 1978 al 1981”.
  • Los hermanos Ramírez habían sido bautizados por sus padres con los padrinos y madrinas respectivas, pero, no obstante, fueron nuevamente bautizados en la Parroquia Sagrada Familia de Nazareth de Banfield el 7 de agosto de 1977 junto a otros niños y niñas alojados allí, para lo cual les fueron asignados otros padrinos y madrinas que ni siquiera conocían.
  • Comunicación Institucional del MPF que cuenta el caso judicial y que puede verse a continuación:
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