Diputados de la Coalición Cívica aseguran que ese fondo fiduciario benefició solo a un grupo de molinos y que eso configuraría un delito de “defraudación contra la administración pública y lavado de activos”
Un grupo de diputados de la Coalición Cívica, el legislador provincial Luciano Bugallo, y las diputadas nacionales Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, presentaron una denuncia para requerir la investigación de supuestas irregularidades en la administración del fondo fiduciario del trigo porque aseguran, según la denuncia que elevaron al juzgado federal número 12 de Ariel Lijo, la operatoria de ese fideicomiso podría implicar la posible comisión de delitos de defraudación contra la administración pública y lavado de activos.
Según la denuncia “la intervención impuesta por el Gobierno apuntó a reducir el precio de los $45.000 pesos por tonelada de harina de trigo en el mercado interno, a los $25.000 pesos, valor previo al inicio de la guerra en el este de Europa. Para cumplir con la disposición, el fideicomiso subsidió con $20.000 pesos a los molinos para compensar así la diferencia de precios”.
De acuerdo a documentos que forman parte de la denuncia judicial “de los más de 160 molinos existentes en el país, sólo tres adhirieron al fideicomiso para subsidiar la harina que va al mercado interno. De esos 3, dos pertenecen a la empresa Molinos Cañuelas, la cual se encuentra en convocatoria de acreedores por USD 1.300 millones en deudas, de los cuales, unos $3.000 millones es deuda fiscal y previsional”. Además de Molinos Cañuelas, la denuncia incluye a Molinos Florencia Sau (perteneciente a la anterior) y la Compañía Argentina de Granos (Cagsa), controlante de los dos anteriores.
En ese sentido, los legisladores opositores plantearon: “Un dato muy llamativo es que al resto de las empresas que quieren adherir al fideicomiso se les exige no tener deudas fiscales, pero la excepción es Cañuelas, la misma y única empresa que en tiempos de la ONCCA logró cobrar el 100% de los subsidios de compensaciones al trigo”, denunciaron los dirigentes que responden a Elisa Carrió.
“La burocracia del sistema exige tener una estructura administrativa que los molinos pyme no tienen, la cuál hoy les generaría costos que no pueden afrontar, menos aún, cuando los tiempos y formas de pago que acostumbra el Estado, se cuenta en meses. Excepto, claro, para Cañuelas”, explicó Bugallo.
En ese sentido, los legisladores de la Coalición Cívica aseguraron que “no sólo la empresa seleccionada y la creación del fideicomiso resultan jurídicamente reprochables, sino de los $1.400 millones de pesos que Comercio Interior informó haber pagado a través de ese fideicomiso, más del 80% fue a parar a una cuenta de Molinos Cañuelas. Por lo menos en el sector agroalimentario argentino no se conocía una transferencia de semejante magnitud. Fueron exactamente $1.098.951.866,38 de pesos que cambiaron de manos: pasaron de la cuenta del Fideicomiso estatal (que se supone se financia con recursos del aumento de las retenciones a los derivados de la soja) a la cuenta corriente de Molinos Cañuelas en el Banco Supervielle”, detallan en la denuncia.
“Casi el 80% de los fondos destinados fueron remitidos únicamente a Molinos Cañuelas en detrimento de los demás molinos, y habría tenido como único fin limitar el precio al que se deben vender las bolsas de harina. Ello, lejos de proteger a la industria molinera, habría generado un perjuicio económico y habría violado las claras reglas de libre competencia, siendo el Estado quien indirectamente influencia en el valor de mercado de un producto”, continúa la demanda.
Respecto al lavado de activos, la denuncia señaló que “uno de los principales accionistas y autoridades de Molinos Cañuelas -Aldo Adrián Navilli- también fuese investigado por la justicia por la conformación de sociedades off shore, mientras la citada empresa se encontraba con grandes pasivos y próxima a ser concursada. Tampoco podemos perder de vista que unos de los principales acreedores es el Banco Nación, y que de ser así Navilli se habría hecho de fondos del estado utilizando a Molinos Cañuelas de pantalla y desviando dicho dinero a cuentas personales en sociedades off shore, es decir que indirectamente se habría beneficiado de las arcas del estado utilizando el estado como pantalla”.
Finalmente, para los legisladores de la oposición “el FETA (Fondo Estabilizador del Trigo Argentino) fue un traje a la medida de Molinos Cañuelas, al igual que lo fue en su momento la ONCCA, un festival de subsidios para las empresas preferidas del kirchnerismo. Una caja impresionante de retornos, coimas y corrupción que estamos denunciando y pretendemos se investigue a fondo caiga quien caiga”, concluyeron.
Los casi 40 prestamistas con los que está sentada a la mesa, entre los que se cuentas por ejemplo el Banco Nación como uno de los más expuestos, no lograron acordar con la empresa una reestructuración consensuada.
