La guía de 42 páginas, “Qatar: Copa Mundial de la FIFA 2022 – Guía de derechos humanos para reporteros”, resume las preocupaciones de Human Rights Watch relacionadas con la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2022 por parte de Qatar y esboza problemas más amplios de protección de los derechos humanos en el país.
La FIFA debería haber reconocido que, al carecer Qatar de la infraestructura necesaria para la Copa Mundial, se necesitarían millones de trabajadores migrantes para construirla y darle servicio.
Esto incluía ocho estadios, una ampliación del aeropuerto, un nuevo metro, múltiples hoteles y otras infraestructuras clave, con un costo estimado de 220.000 millones de dólares.
La elección de Qatar como sede del mundial fue una decisión controvertida desde el comienzo. En 2011, Phaedra Al-Majid, una mujer que trabajó para el equipo que impulsaba la candidatura de Qatar como sede del mundial, aseguró que representantes de ese país ofrecieron pagar por los votos de 3 miembros de la FIFA.
Ese mismo año, Al-Majid se retractó en un documento judicial pero en 2014 retomó sus acusaciones y aseguró estar preocupada por su seguridad.
En 2014, García presentó su reporte a las autoridades de la entidad pero estas no lo hicieron público hasta 2017, después de que un diario alemán asegurara que había accedido a una copia y planeaba revelarla.
En 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a 3 representantes sudamericanos de la FIFA de recibir pagos para votar a Qatar como sede del mundial.
Abusos contra los trabajadores migrantes
Durante la construcción de las instalaciones deportivas para el mundial, se registraron violaciones a los derechos humanos a los trabajadores, la mayoría de ellos migrantes. Esto fue denunciado por distintas ONGs internacionales.
Amnistía Internacional aseguró que personas migrantes provenientes de Nepal, Bangladesh e India han tenido que pagar elevadas comisiones para ser contratados, y han enfrentado condiciones de hacinamiento, falta de higiene y seguridad en los alojamientos.
Además, la organización registró que las empresas contratistas han hecho falsas promesas respecto al salario que recibirían los trabajadores; y también se han demorado con el pago.
Con respecto a la documentación para permanecer en el país de manera legal, Amnistía identificó que los empleadores no expedían o renovaban el permiso de residencia de sus empleados, por lo que los trabajadores corrían el riesgo de ser encarcelados en Qatar.
Del mismo modo, la organización registró casos de empleadores que confiscaron el pasaporte de los trabajadores, por lo que ellos no podían salir del país ni cambiar de trabajo. Todo esto fue acompañado por amenazas y casos de trabajo forzoso.
La cantidad de fallecidos en la construcción de estadios y zonas verdes circundantes para el mundial también se convirtió en un tema de polémica. En 2021, una investigación del diario británico The Guardian reveló que más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka murieron en Qatar desde que el país fue seleccionado como sede del mundial.
En respuesta, el Gobierno qatarí aseguró que estos fallecimientos no estuvieron vinculados con el trabajo para el mundial.
Por su parte, un informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) registró en 2020 en este país 50 lesiones laborales mortales, 506 lesiones graves y 37.601 lesiones medias a moderadas.
En tanto, la FIFA aseguró que se registraron 3 muertes relacionadas con el trabajo para el mundial 2022, y otros 36 fallecimientos que no se vinculan con la actividad laboral.
Además, se identificaron casos de trabajadores que fueron presos y eventualmente fueron deportados.
Libertad de expresión limitada
El Código Penal de Qatar tipifica como delito criticar a su máxima autoridad, el emir, como también insultar a la bandera de Qatar, difamar la religión e incitar a “derrocar al régimen”, según advierte Human Rights Watch.
Por su parte, la organización de derechos humanos señala que la ley de delitos cibernéticos del país, sancionada en 2014, fijó una pena máxima de 3 años de prisión y/o una multa de alrededor de $137 mil dólares por difundir “noticias falsas” en Internet, aunque no definió el término.
Además, podrían ser condenados bajo esta figura legal quienes publiquen contenido que “viole valores o principios sociales” o “insulte o calumnie a otros”.
“Qatar tiene pocos medios independientes o críticos. Las autoridades del país limitan la libertad de prensa al imponer restricciones a las emisoras, incluida la prohibición de filmar en ciertos lugares, como edificios gubernamentales, hospitales, universidades, espacios de alojamiento de trabajadores migrantes y casas particulares”, indicó Amnistía.
La vulneración de los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT+
En Qatar está en vigencia un sistema de tutela masculina, a partir del cual las mujeres están ligadas a un tutor varón, que generalmente se trata de su padre, hermano, abuelo u esposo.
Las mujeres no acceden a su derecho a tomar sus propias decisiones y necesitan permiso de esos tutores para casarse, estudiar en el extranjero, trabajar en muchos puestos del gobierno, viajar al extranjero y hasta recibir servicios de salud reproductiva.
Además, como agrega la ONG internacional, en caso de divorciarse de su esposo, las mujeres no pueden ejercer la tutela de sus hijos.
“La tutela masculina refuerza el poder y el control que los hombres tienen sobre la vida y las elecciones de las mujeres y puede fomentar o alimentar la violencia, dejando a las mujeres pocas opciones viables para escapar del abuso de sus familias y esposos”.
La propia legislación local considera que “los esposos tienen derecho” a que sus esposas los cuiden y les obedezcan; y también se considera una obligación legal de las mujeres cuidar de sus hijos y amamantarlos “salvo que exista una discapacidad legal”.
Por su parte, el Código Penal qatarí penaliza la homosexualidad. En su artículo 285 determina que “cualquiera que copule con un varón mayor de 16 años sin compulsión, coacción o artimaña es condenado a no más de 7 años de prisión”.
Asimismo, el artículo 296 especifica que “uno es condenado a no menos de un año y no más de 3 años en prisión en caso de (…) instigar o seducir a un hombre de todos modos para la sodomía o la disipación”.
En los últimos años, la organización Human Rights Watch documentó 6 casos de palizas graves y repetidas y 5 casos de acoso sexual contra personas de la comunidad LGBT+ bajo la custodia policial qatarí.
Días antes del comienzo de la competición, Khalid Salman, embajador del Mundial de Fútbol de Qatar y ex futbolista,calificó a la homosexualidad como un “transtorno mental”.
Previamente, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que la comunidad LGBT+ “será bien bienvenida en Qatar, pero tienen que respetar la cultura local”.
Los artistas que dieron el NO
Ya son varios los rostros conocidos que han llamado a boicotear el gran evento futbolístico por la vulneración de los derechos humanos que ejerce el régimen qatarí en materias como los derechos de la mujer o el colectivo LGTBI. Esta misma semana, Rod Stewart contó que había rechazado actuar en el Mundial de Qatar por motivos éticos. El intérprete inglés (Highgate, 77 años) lo contó en una entrevista con el diario The Sunday Times. “Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses para tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir”, aseguró tajante.
Otra artista que ha estado en el foco de las quinielas de las estrellas que iban a actuar en Qatar ha sido Dua Lipa. La cantante se encargó de desmentir los rumores que insistían en que ella sería la encargada de abrir la cita deportiva. Lo hizo con un mensaje en su Instagram en el que explicaba que tal actuación nunca había estado sobre la mesa, añadiendo que visitará el país cuando este “respete todos los derechos humanos que prometió cumplir cuando ganaron el derecho de celebrar el torneo”.
Shakira también ausente en Qatar, la posible participación en el Mundial de Qatar la estaba convirtiendo en protagonista de muchas críticas e incluso algunos le señalaban por ser cómplice de un país que no respeta libertades y los derechos humanos básicos. En 2019, la cantante llegó a un acuerdo con el Gobierno catarí para su Fundación Pies Descalzos.
