«El ex embajador argentino en Israel y Chipre anunció que puso su renuncia a disposición, la que ya fue aceptada por el presidente Alberto Fernández. Urribarri apelará la sentencia del tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.»
Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos y ex embajador en Israel, fue condenado a 8 años de prisión en la causa por hechos de corrupción cometidos en la provincia durante su gestión entre 2007 y 2015.
El embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri, hizo público en su cuenta de Twitter que renunció a sus cargos, tras la condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el tribunal oral y público de Paraná, Entre Ríos.
El ministerio Publico Fiscal había pedido 12 años de prisión para el integrante del frente de todos, por “negociaciones incompatibles con la función publica, peculado e incumplimiento de los deberes de función”.
En la denominada “causa de las imprentas”, donde se investigó la difusión de la precandidatura a Presidente de Urribarri, quedó acreditado para los jueces que hubo hechos delictivos por parte de todos los acusados ( Urribarri y otros ex funcionarios).
Los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón lo encontraron penalmente responsable por el desfalco de unos US$9 millones en el manejo de la publicidad oficial y otros gastos oficiales, de acuerdo con la acusación de los fiscales.
Urribarri fue condenado por cinco hechos de peculado (malversación de fondos) y negociaciones incompatibles con la función pública durante su gestión como gobernador de dicha provincia
Urribarri fue designado por Fernández como embajador en Israel en enero de 2020, cuando ya se encontraba procesado, ya que las investigaciones datan de alrededor de seis años.
En octubre de 2020, fue nombrado embajador en Chipre, donde inauguró la embajada argentina en ese Estado. Los cargos diplomáticos que ostenta Urribarri no tienen inmunidad penal por hechos investigados en el país que los nombra.
La fiscalía sostuvo que entre los cinco casos el presunto desvío de fondos públicos superaría los US$9 millones, “que traducidos a la actualidad significan 1.000 millones de pesos”. “Este beneficio se materializó en retornos, dinero en efectivo”, sostiene los acusadores.
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